El Tribunal Supremo Electoral (TSE) responsabilizó al Ministerio Público (MP) y a la Justicia Penal 7ª A por las diligencias realizadas en el Registro de Residentes (RC) del organismo electoral y en la Comisión Electoral este martes 12 de septiembre, comandó Freddie. Orellana. En un parque industrial se instaló un almacén donde se abrieron las urnas electorales que contenían los votos para las elecciones presidenciales del 25 de junio.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del director general Rafael Crusice, solicitó autorización al juez para allanar los inmuebles antes mencionados y desarrollar una serie de acciones en el caso que se sigue contra el partido político Movimiento Semilla.
El 25 de junio, la FECI abrió la caja que protegía la primera vuelta electoral y tomó fotografías, según el director de medios del TSE, David de León. En este momento, no está claro si se contarán los votos.
El portavoz del TSE, Luis Gerardo Ramírez, informó que la FECI solicitó la apertura de 160 casillas electorales. “Es importante señalar y resaltar que el Tribunal Supremo Electoral no ha dado su consentimiento, ya que el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos considera quién es la única persona que puede celebrar audiencias de revisión”, enfatizó.
«La apertura de esta caja se está haciendo bajo la estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que dictó la orden», dijo Ramírez, agregando que el TSE no ha dado su consentimiento para realizar tal acción, enfatizó.
