El propósito de las reformas es proteger el bolsillo del pueblo salvadoreño y beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.
Salvador. – En respuesta a las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, la Comisión Económica aprobó un dictamen que modifica la ley que regula el depósito, transporte y distribución de productos petrolíferos en favor de la economía de El Salvador.
Esta solicitud fue realizada por Nuevas Ideas para proteger el bolsillo del pueblo y beneficiar a las Mipymes.
El control y seguimiento de los precios del gas licuado estará a cargo del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, para proyectos de consumo interno y subsistencia, según lo establecido en el proyecto de reforma.
William Soriano, presidente de Nuevas Ideas, enfatizó que esta reforma es importante para los salvadoreños, dado el aumento de los precios de este producto a nivel mundial.
«Con la iniciativa del presidente, hemos aprobado varias veces que existen subsidios para estos productos, pero aunque estén subsidiados, estos productos no pueden venderse a precios más caros. «Nos dimos cuenta de que hay algunos actores en la cadena de suministro y cadena de distribución que están marcando la diferencia».dijo el diputado.
La Comisión Económica también aprobó un dictamen que modifica la Ley del Servicio Nacional de Transmisión Eléctrica para que esta entidad pase a ser propietaria del total de las acciones que dividen el capital social de Kukumakayan.
Representantes de la agencia señalaron que muchas empresas eléctricas quieren invertir en El Salvador y explicaron que esto beneficiará al país en el futuro.
Además, los legisladores se han pronunciado a favor de dictar leyes y otras disposiciones administrativas que regulen los honorarios por los servicios prestados por el Registro de Organizaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. Con ello se pretende establecer los precios que cobrará la organización y los requisitos que deberán cumplir. Servicios de acceso.
«Por eso se presentó este proyecto de ordenanza, que es básicamente una actualización basada en los costes, salarios y horas de trabajo reales».dijo Andrés Amador, representante del Ministerio del Interior.
