«Mi solicitud ha sido aceptada formalmente por la CIDH”, destacó el señor Reyes.
El Salvador – Sigfrid Reyes, exdirigente del FMLN y ahora jefe de la Asamblea Legislativa del partido, ha presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de sus redes sociales, alegando que: Te desperté. «Violación grave» contra sus derechos humanos y los de su familia.
“Tanto la CSJ como el exfiscal (Raúl Melara) claramente carecen de independencia y actúan como parte de una siniestra conspiración política cuyo objetivo es utilizar el sistema judicial de manera perversa e influir en la política de mi país de origen. impedirles participar”. Reyes enfatizó en la red social ‘X’.
«Mi solicitud ha sido aceptada oficialmente por la CIDH. Confío en que el sistema judicial estadounidense castigará a los violadores de derechos humanos. La responsabilidad mía, de mi familia y de otras personas inocentes será determinar las reparaciones adecuadas y exigir garantías de que esto nunca volverá a suceder. » él dijo:
Según Sigfrid Reyes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los siguientes derechos: 1. El derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. 2. Derecho a la protección judicial. 3. Derecho a informar al imputado con antelación y detalle sobre las acusaciones formuladas.
“Las violaciones de derechos humanos antes mencionadas dieron lugar a una intensa y arbitraria persecución política ordenada por el pleno de la Corte Suprema de El Salvador y posteriormente por el ex Fiscal General de la República, Raúl Melara”.señaló.
Oson Sigfrid Reyes Morales es un político salvadoreño, exlíder del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
El exfuncionario fue demandado por la FGR en tres momentos diferentes entre 2006 y 2015, en su calidad de diputado titular y de presidente de la Asamblea Legislativa en representación del partido FMLN.
Según el expediente, en el desempeño de estas funciones, él y sus familiares cometieron nueve fraudes injustificados en la compra de propiedades, vehículos, depósitos bancarios y otros gastos de manera injusta.
En total, la FGR solicita un total de $472,464.04, los cuales deben ser devueltos al Estado. Ahora es un prófugo de la justicia de El Salvador.
